El juez deja en libertad con cargos a los seis detenidos por colgar la ikurriña gigante del chupinazo 2013

El magistrado ha acordado que los encausados, que se han negado a declarar, comparezcan en el juzgado una vez al mes, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que indica que el auto puede ser recurrido.

Los seis han comparecido ante el juez esta mañana, al igual que la concejala de Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona Patricia Perales quien ha acudido “en condición de imputada para garantizar sus derechos constitucionales”, aunque por el momento, el magistrado no ha dictado resolución judicial alguna en la que se le impute un hecho delictivo.

En el marco de la instrucción, el juez ha ordenado la intervención de los móviles de los imputados y ha acordado recoger una muestra de su perfil genético para cotejarlo con las evidencias halladas en el lugar de los hechos. Asimismo, el juez va a investigar las llamadas registradas en los días previos al chupinazo entre la concejala y dos de los imputados.

En su auto el magistrado indica que de las diligencias practicadas se desprenden “claros indicios” de que fueron los detenidos quienes colocaron momentos antes de las 12 horas del 6 de julio una bandera de grandes dimensiones a escasos metros de la fachada del Ayuntamiento de Pamplona.

Eso, continúa, provocó un retraso de casi veinte minutos en el lanzamiento del “chupinazo” anunciador de las fiestas de San Fermín y supuso un “claro riesgo” para las miles de personas que se encontraban en ese momento en la plaza Consistorial.

En este sentido alude tanto a las reacciones que la colocación de la bandera podría provocar, ya que es “notorio” que existen discrepancias sobre la presencia de la ikurriña en ese acto, como por “el peligro que hubiera generado la caída incontrolada de la bandera, muy pesada y de grandes dimensiones, sobre los congregados lo que podría haber colocado escenas de pánico y movimientos de la masa de consecuencias inimaginables”.

Estos hechos son, en principio, constitutivos de un delito contra el orden público, según el juez, que añade que la perturbación que generó la colocación de la bandera debe reputarse como “grave”.

Al respecto señala que el mero hecho de que nunca en toda la historia de los sanfermines se haya producido un retraso en el lanzamiento del chupinazo como el ocurrido este año, unido a la trascendencia e importancia de este evento, hacen que “el calificativo de grave no pueda ponerse en duda”.

El juez considera también que a la vista de las dimensiones de la bandera y la escasa distancia de la fachada de la Casa Consistorial era “inevitable” el retraso del cohete, puesto que “no podía correrse el riesgo de que impactara contra la tela”, con las consecuencias que eso podría conllevar.

Esto es algo que, en su opinión, tenían que saber los detenidos, todos ellos de Pamplona y su comarca, y pese a ello “no desistieron de su actuación, asumiendo las consecuencias que pudiera generar su comportamiento”.

El magistrado dice además que habría que considerar que los hechos presuntamente cometidos podrían constituir un delito del artículo 557.2 que castiga a quienes alteren el orden público en el interior de recintos donde se celebren eventos o espectáculos que congreguen a gran número de personas. En este caso, según apunta, la plaza Consistorial es un recinto “perfectamente delimitado”.

Según el juez son “numerosos” los indicios de la participación de los acusados, desde el tráfico de llamadas y datos de posicionamiento de los móviles, hasta la huella dactilar de uno de ellos en el lugar desde el que se desplegó la bandera y datos de compra de útiles empleados para cometer el delito.

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